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La implementación de sistemas de catastro, como instrumento para registrar la propiedad de bienes inmuebles, siempre ha causado más de alguna contradicción entre las poblaciones y los gobiernos locales.

Si bien los catastros pueden considerarse necesarios para el desarrollo y ordenamiento territorial de los municipios, desde la perspectiva de los/as pobladores/as siempre se les ve como un mecanismo para el aumento en el cobro de los impuestos sobre sus bienes. Pero además, en el modelo concesionario de territorios impuesto a Honduras, también se les percibe como recurso de individualización de tierras colectivas, que una vez identificadas y registradas, son susceptibles a compra y venta o facilitan a los grandes inversores en minería, energía hidroeléctrica, turismo, las negociaciones de indemnizaciones en las zonas concedidas para sus industrias.

En Honduras, muchos municipios cuentan en sus jurisdicciones con tierras ancestrales comunes a pueblos indígenas, ya sea porque no fueron acaparadas por los conquistadores españoles, que las autoridades coloniales las dispusieron para los pueblos indígenas durante  la “reducción”1, que fueran tituladas a su favor por los gobiernos posteriores a la separación de la corona española o que simplemente han vivido, cultivado, cuidado por cientos de años como propias y como tal se les conoce y respetan.

Sin embargo, con la política de la concesión de territorios para la atracción de inversiones extranjeras, muchos pueblos indígenas ven amenazado su patrimonio y ven en los procesos catastrales el mecanismo con que cuenta el Estado para despojarle de sus bienes ancestrales.

A lo largo y ancho del país se pueden identificar conflictos sobre el tema de catastro en pueblos indígenas y afrodescendientes.