Programa Medios de Vida Sostenible y Gestión de Riesgo
Fortaleciendo la alianza entre las organizaciones socias del programa "Medios de vida sostenible" de CAFOD en Centroamérica, para mejorar el aprendizaje e impacto de los proyectos.
NOTAS

Ecologístas proponen una agenda ambiental hasta el 2020

28 de octubre de 2016 | Nicaragua

Wendy Quintero - SIMAS

Organizacones aglutinadas en la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático (ANACC) realizaron una propuesta de agenda ambiental para los próximos cinco años que pueda ser utilizada por el Estado a fin de garantizar acciones que aminoren el impacto del cambio climático en el país.

En el encuentro realizado el 11 de octubre, se tomó encuenta la Declaración de Rio 92 que asume el “Desarrollo Sostenible” como un paradigma a seguir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, “Este desarrollo sostenible se basa en interrelación de tres ejes fundamentales: económico, social y ambiental”, señala la nota de prensa entregada en la actividad.

Nicaragua ha experimentado avances importantes en lo económico y social, sin embargo el eje ambiental ha quedado rezagado en la construcción de la sostenibilidad evidenciándose la profundización de una crisis ambiental.

Reflexiones a partir de evidencias

Dentro de los datos que se mostraron en la actividad está la evidente reducción de más de un millón treinta dos mil hectáreas de bosque latifoliados entre 2011-2016 para una tasa de deforestación del 6% duplicando la calculada por la FAO para el periodo 1990-2000.

Estas cifras señalan la reducción correspondiente a las Reservas de Biosfera BOSAWAS (256 mil hectáreas aproximadamente) y Sureste para el mismo periodo.

Además se ha disminuido los volúmenes de disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea por contaminación y efecto del fenómeno de El Niño y el Cambio Climático que ha reducido las precipitaciones hasta un 35% en el territorio del Corredor Seco.

Otro elemento a destacar es el incremento anual en las temperaturas por encima de las medias mensuales y anuales, así como el incremento de monocultivos (2011-2016) tales como: maní (50 mil hectáreas aproximadamente) con repercusiones como las tolvaneras en León, Chinandega; palma africana (5 mil hectáreas aproximadamente, degradando los ecosistemas de bosque húmedo), caña de azúcar (3 mil hectáreas) entre otros.

Un elemento que destacó estubo referido a la actividad minera industrial lo que ha significado una de los mayores tensores ambientales del país, principalmente por el uso de sustancias tóxicas como cianuro; generando un impacto sobre el agua, paisaje, los ecosistemas y la diversidad biológica.

Por otro lado respecto al sector transporte del país todavía depende en su totalidad de los combustibles fósiles y no existe actualmente iniciativas bajas en carbono para este sector.

Política nacional

Ante este panorama la alianza considera que por la crisis actual del ambiente agravada por los efectos del cambio climático es de vital importancia priorizar en las Políticas Nacionales el tema ambiental para los próximos años.

Para ello consideran necesario construir e implementar participativamente una Estrategia Ambiental Nacional y su respectivo Plan de Acción que considere la priorización del manejo sostenible de la cuenca de los Lagos y el Rio San Juan.

Como parte de la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2020 proponen: promulgar la Ley Nacional de Cambio Climático, elaborar un Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídricos y un Plan Nacional de Manejo Sostenible de los Bosques.

Otras de las propuestas es promover la agroecología y la incorporación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, así como dar cumplimiento a la Ley de Creación de las Reservas de Biosferas del país y actualizar y dar cumplimiento a los planes de manejo de las mismas.

Señalan también la necesidad de reforzar y adecuar el marco jurídico aplicable al sector minero e implementar la Estrategia Nacional de Leña.

Todo esto se logrará si existe una efectiva Gestión Pública Ambiental que tomo en cuenta el incrementar los recursos provenientes del Presupuesto General de la República, incorporar al INAFOR nuevamente bajo el Ministerio Agropecuario, reforzar las capacidades institucionales del MEM y el INE en materia de regulación y fiscalización, así como fortalecer las capacidades de todas las instancias del sistema judicial para mejorar la atención a casos de delitos ambientales.
 

Ilustración Wendy Quintero